En todos los casos de injusticia flagrante, como primera tentación al alcance de la mano, está la de tomarse la justicia por la mano y, tratándose de deudas, intentar cobrar la deuda por la fuerza, amenazar directamente con palabras gruesas al deudor que no cumple y hasta recurrir al matonismo.

Incluso hay empresas especializadas -por la laxitud de la regulación vigente en España- en coaccionar al deudor hasta que pague lo que debe con medios y modos que van desde el mal gusto hasta la comisión de delitos (amenazas, coacciones, injurias …) para forzar el pago de la cantidad reclamada de malas maneras.  Pese a la aparente contundencia de esas vías poco ortodoxas y violentas, el hecho de recurrir a estar prácticas por interés o la necesidad acuciante en cobrar no excluye, a la vez, la posible comisión de delito contra el deudor.. 

En España la inexistencia de regulación específica (al contrario que en otros países europeos) ampara prácticas en las que un “cobrador”, convenientemente disfrazado para llamar aún más la atención, se dedica a amedrentar públicamente al deudor hasta conseguir el cobro, forzando el pago con la coacción del escarnio público -como poco-. 

Por la eventual responsabilidad que pueden generar las vías de hecho para el cobro de deudas, lo más recomendable parece ser enviar un requerimiento extrajudicial de pago y, de no ser atendido, acudir a los cauces legales para la recuperación de la deuda de que se trate (cobro de facturas impagadas, reconocimiento de deuda, rentas pendientes de cobro, contratos incumplidos, cheques o pagarés devueltos, etc…-) 

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El reconocimiento de deuda es una fuente más de obligaciones exigibles legalmente, a partir del consentimiento que supone la declaración unilateral del que suscribe el documento, que queda obligado al pago de la deuda reconocida en los términos de que se trate, asumiendo específicamente la existencia de una previa deuda y comprometiéndose, generalmente en un plazo de tiempo, al pago de la misma a favor de un acreedor o acreedores determinados. 

La ventaja del reconocimiento de deuda para el acreedor es que, por su regulación legal, para el deudor se hace imposible cuestionar la realidad y existencia de la deuda reconocida en caso de tener que reclamar el reconocimiento de deuda: legalmente si la deuda está reconocida ni ha de probarse por el acreedor que existía, ni el deudor puede cuestionar que no era cierta la obligación que asumió. 

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Como se ha dicho, la reclamación judicial en caso de incumplimiento del reconocimiento de deuda plantea pocos problemas puesto que el acreedor está dispensado de tener que probar el origen y cuantía exacta de la deuda. Se invierte la carga de la prueba y, para evitar la condena judicial al pago, es el deudor quien tendría que demostrar la inexistencia de la obligación. En cualquier caso es recomendable intentar la reclamación extrajudicial de la deuda.

En el caso de que el deudor rehúse atender finalmente la deuda reconocida en el breve plazo que se le indique, el reconocimiento de deuda es reclamable judicialmente a través de juicio monitorio, salvo que por las circunstancias del caso resultara más recomendable el juicio verbal o juicio ordinario.

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Como primera gestión de cobro es recomendable apurar las posibilidades de cobro extrajudicial de la deuda, dirigiendo requerimiento de pago al deudor a fin de que pague en el plazo que se le marque o proponga una solución alternativa satisfactoria y documentada para el pago de la deuda pendiente. En caso de no ser atendido el requerimiento lo recomendable es acudir a la vía judicial sin prolongar la situación, el paso del tiempo como acreedor le perjudica a usted y sólo beneficia al deudor.

En función del soporte legal de que se disponga en cada caso podremos escoger la vía más adecuada para plantear la reclamación judicial correspondiente y valorar su viabilidad.

Así, en el caso de que se disponga de documentación justificativa de las deudas, y que además la concrete o especifique en una cantidad liquida (por ejemplo, facturas, reconocimiento de deuda, .rentas pendientes de pago por inquilinos, cuotas de comunidad de vecinos morosos..)  la vía más adecuada para reclamar los impagados sería el juicio monitorio. En otros casos, si no se dispusiera de soporte documental pero si de cualquier otro tipo de prueba admitida en derecho, en función de la cuantía del débito (si no excede de 6000 € o si fuera superior) la vía procesal correspondiente sería el juicio verbal o el juicio ordinario, respectivamente.  Si la deuda no solo estuviera documentada sino que además se dispusiera de pagarés o cheques que, reflejando la concreta suma debida, no hubieran sido abonados a su vencimiento y hubiesen resultado devueltos la deuda podría reclamarse judicialmente de manera especialmente contundente a través del juicio cambiario.

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