Es decir, a diferencia del sistema administrativo francés donde las pretensiones frente a la Administración se resuelven en el seno de la misma, en nuestro ordenamiento jurídico la actuación de la Administración queda sometida al control de los Tribunales como bien recoge el art. 106 de la Constitución Española, al señalar que estos controlan entre otras, la legalidad de la actuación administrativa.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es una jurisdicción revisora, es decir, se limita a controlar la legalidad de las Administraciones Públicas. Si una sentencia declara la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo determinado y con ello, pongamos por caso, establece que se retrotraigan unas determinadas actuaciones en el seno del procedimiento objeto del debate jurídico, será en eso y no en otra cosa, en lo que habrá de versar la ejecución. La Administración habrá de llevar a puro y debido efecto el fallo, consistente en retrotraer las actuaciones, generalmente al momento inicial del procedimiento  –por ejemplo, unas oposiciones-, pero ahí termina el mandato judicial contenido en la Sentencia. Ésta, en ningún caso podrá pronunciarse sobre el resultado final del procedimiento administrativo que originó la controversia   –siguiendo el ejemplo, el Tribunal no resolverá en ningún caso sobre la superación del proceso selectivo-.

            Es por ello que el administrado ha de tener presente que contar con una sentencia estimatoria no es sinónimo de reconocimiento de su pretensión originaria en vía administrativa, ya que en sede judicial, el objeto del recurso es otro, el hecho de que sea conforme a derecho un determinado acto que pone fin a la antecitada vía. La sentencia supondrá una garantía para el ciudadano de hacer prevalecer la legalidad y ajustar el funcionamiento de la Administración a lo prescrito en el art. 103 de la Carta Magna. Ésta, en la fase de ejecución, habrá de seguir el procedimiento legalmente establecido a instancias de la Sentencia, pero el resultado, muchas veces debido a la discrecionalidad de la que goza la Administración, puede seguir siendo desfavorable para el ciudadano, si bien, como consuelo menor, le quedará la certeza de que el resultado negativo a su pretensión originaria se ha producido conforme a Derecho.
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Después de un prudencial rato –generalmente no breve- cuando las aguas se calman, el abogado, en la mayoría de las veces, le hace ver a su cliente que no ha lugar al pretendido atropello y que tampoco hay motivo para la supuesta indignación ya que la Administración, de acuerdo a lo previsto en el Derecho Administrativo, ha obrado ajustándose al principio de legalidad y al ordenamiento jurídico vigente. Es por ello que hay que tener siempre presente una serie de cuestiones:

Si no se da cumplimiento a ese mandato, entra en juego la ejecución forzosa por la que la propia Administración, ya sea por vía de apremio sobre el patrimonio, bien mediante ejecución subsidiaria para las obligaciones no personalísimas, a través de multas pecuniarias para las personalísimas o por medio de la coacción directa, lleva a puro y debido efecto la restauración de la legalidad objeto de discusión.

​2.- Esa autotutela ejecutiva o potestad que tiene la Administración para hacer ejecutar sus propios actos no es, en ningún caso, sinónimo de sanción. El caso más paradigmático, el de las multas coercitivas, no constituye sino una forma de compeler e instar al administrado para que cumpla la actuación a que está obligado. La multa coercitiva en ningún caso supone sanción pues no reviste tal naturaleza ni han de seguirse las garantías que para todo administrado conlleva la instrucción de un procedimiento sancionador.

1.- La actuación ejecutiva debe ir precedida de un título que lo fundamente puesto que en caso contrario, la Administración estaría incurriendo en vía de hecho.
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2.- Reparar el daño no exime ni impide la posible incoación del expediente sancionador. Únicamente se tiene en cuenta como elemento interpretativo para graduar la sanción.